En medio de estas negociaciones, al caducar la designación de Peña Guzmán como Interventor de la UNT, en su reemplazo fue nominado para ocupar el cargo de Rector el ingeniero Eugenio Flavio Virla. Este asumió en septiembre de 1957 y adoptó como propios los trámites que se venían realizando con el gobierno de la Provincia de Catamarca.
Compenetrado de los antecedentes y teniendo un profundo respeto a las opiniones de Peirano siguió adelante con las gestiones ya iniciadas por su predecesor.
En este aspecto la Universidad continuó sosteniendo sus derechos sobre el sector como así también la idea de que la Provincia de Catamarca debía formar parte de la nueva empresa, o al menos participar de sus utilidades. Una posición generosa que era compatible con el pensamiento de Peirano, quien en todo momento pretendió que los resultados de su descubrimiento servirían a la región y a la Nación.
Entre las comunicaciones que se producían entre organismos gubernamentales mineros hay que destacar el informe técnico producido por el Dr. Roberto Tezón el 16 de marzo de 1956. Éste, luego de haberse desempeñado en trabajos geológicos del sector, produjo un informe para el Director de Industria Minera en el cual trata de rescatar los estudios hechos en la repartición por algo más de un quinquenio.
Ello se debía a que ya el tema de Agua de Dionisio había tomado amplia difusión en medios periodísticos del país y creía que era conveniente aclarar algunos puntos que involucraban a la repartición en la que se desempeñaba como geólogo y Consejero Técnico. En primer lugar al referirse a la situación legal menciona que "..Iniciados los trabajos de exploración esa Alta Casa de Estudios (la UNT) se convierte gracias a ingentes esfuerzos materiales y humanos en la indiscutible descubridora del depósito "Farellón Negro" 94.
En su informe Tezón continúa su presentación destacando el rol que le cupo a la Dirección Nacional de Minería a partir del momento en que la Universidad tenía algunas limitaciones financieras. Dicha repartición para avanzar en el proceso exploratorio contrató trabajos con la Dirección General de Fabricaciones Militares lo que produjo un notable avance en el desarrollo de galerías, piques y perforaciones en el sector. También en el informe señala que para ese momento, 1956, ya habían definido unas 100 toneladas de mineral con leyes de 10 g/ton de oro; 180 g/ton de plata y 20% de manganeso. Valorizando dicho volumen, para Tezón, se habrían cubicado un valor estimado en $ 56.200.000 pesos m/n95.
Hay que destacar que la información pública acumulada sobre la potencialidad del yacimiento hizo surgir interés en el ámbito minero-industrial que comenzó a buscar una relación societaria con la Universidad Nacional de Tucumán en lo referente a la explotación del yacimiento de Agua de Dionisio.
Una de ellas fue la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) la que se interesó en el mineral de manganeso presente en el yacimiento. Fue por ello que el Rector Virla, el 22 de octubre de 1957, recibió un requerimiento de parte de dicha empresa para adquirir mineral en una cantidad de 40.000 toneladas/año96.
Debe destacarse que dicha empresa, creada por el Presidente Perón en 1947 por gestión del General Manuel Savio, se encontraba en pleno crecimiento y en consecuencia evaluaba la posibilidad de abastecerse con mineral nacional.
Savio en su momento fue el principal impulsor de la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares y uno de los militares argentinos comprometidos en el desarrollo siderúrgico argentino. Tenía buen conocimiento de las actividades que Peirano desarrollaba en el Instituto de Geología y Minería, que, también participaba en Jujuy, de la exploración geológica del hierro.
Además como ya se ha visto desde 1950, Fabricaciones Militares se encontraba involucrada en la exploración del distrito de Agua de Dionisio y tenía pleno conocimiento de la calidad de las sustancias minerales allí existentes.
Esta vinculación entre SOMISA y Fabricaciones Militares era evidente y era natural que la empresa siderúrgica estuviera informada de las actividades que desarrollaba la Universidad de Tucumán en el distrito y por eso a ella se dirigió cuando expresó sus necesidades de abastecimiento de mineral.
Pero nada pudo hacerse con esta propuesta de la empresa nacional por cuanto seguían los problemas para concretar el registro definitivo de la mina a nombre de la Alta Casa de Estudios. A pesar de las gestiones que se hacían en Catamarca no se lograba la necesaria legalidad que debía disponer quien iniciara la explotación económica del yacimiento.
Años más tarde el Rector Virla expresaría que "..Si el doctor Peirano en vez de donar la mina a la Universidad, hubiera resuelto explotarla por sí mismo o venderla a un particular cualquiera, a una compañía extranjera por ejemplo, no hubiera habido ninguna dificultad. La ley al respecto es precisa y terminante. Pero el doctor Peirano, en un gesto que lo honra, sin precedentes en el país, resuelve donar a la Universidad su valioso descubrimiento, y surge desde entonces paradójicamente un sinnúmero de inconvenientes. Cabe observar que esos inconvenientes no los opone ningún particular que pretenda tener mejores derechos que la Universidad. Es el representante de un Estado Argentino, el ex interventor doctor Perés, quien los opone" 97.
Por este motivo el 21 de octubre vuelven las actuaciones a la Universidad anotando que la principal objeción del gobernador de Catamarca era que "..la iniciativa no ha sido acompañada de antecedentes suficientemente ilustrativos para permitir un exhaustivo análisis".
Ante esto fue convocada una nueva reunión de partes en el Ministerio de Comercio e Industria que fue presidida por los ministros Alconada Aramburú, Salas y Cueto Rúa. El objetivo principal era el de tratar de acercar posiciones entre las partes.
La delegación universitaria estuvo presidida por el Rector Ingeniero Virla, el decano de Ciencias Económicas Horacio Bliss, el Secretario General Juan Carlos Estevez y miembros de la comisión Asesora tales como Celedonio Gutiérrez, Abel Peirano, Eduardo Sabaté, Patricio Navarro y por la FUA, Guillermo Garmendia.
Por Catamarca estuvo presente el Interventor Adrián Perés y también asistieron funcionarios de la Dirección Nacional de Minería y de Fabricaciones Militares.
Quien inició la discusión fue el Interventor de Catamarca que ratificó sus observaciones negativas sobre las posibilidades que tendría la Universidad para llevar adelante el proyecto. Esto fue rebatido por el asesor Celedonio Gutiérrez quien no solo hizo defensa de las cuestiones jurídicas sino también sobre las que se referían a la situación económicas ya que los trabajos realizados descubrieron una reserva de 310 mil toneladas de mineral cuyo valor mínimo sería de $ 232.000.000 de pesos. Todo esto sin tener en cuenta que ya habían tratativas con SOMISA para asegurar el mercado del manganeso.
Si bien los ministros de Educación y de Interior apoyaron "..calurosamente el planteo de la Universidad.." 98; la posición adversa fue sostenida por el ministro Cueto Rúa. Decía el comunicado que se diera en su momento que "..En la misma reunión, se hizo valer también por los adversarios de la posición de la Universidad, los consabidos argumentos de que el Estado es mal administrador, de que lo que convenía era entregar la explotación de la mina al capital y a la iniciativa privada, etc." 99.
Abel Peirano junto a una zorra en pique n°1.
También "..En esa oportunidad, el señor Ministro del Interior, doctor Alconada Aramburú, hizo elogio del descubridor y donante de la mina doctor Abel Peirano y dijo: que el estado no debía limitarse a felicitarlo, sino era su deber contribuir con todos los medios necesarios para que se su gesto magnífico y altruista se convirtiera en realidad" 100.
Finaliza el comunicado de prensa señalando que: "..La audiencia con los señores ministros terminó habiéndose llegado a acuerdo favorable al pedido de la Universidad. El decreto respectivo deberá firmarse antes de fin de año. Sin embargo la tramitación no terminará en ello. El señor Interventor de Catamarca, doctor Perés, según nos anunció en conversaciones posteriores formulará nuevas observaciones respecto a la faz económica financiera de la cuestión" 101.
A pesar de las objeciones y oposición que planteaba el interventor de Catamarca, entre el gobierno nacional y la Universidad se siguió trabajando en la elaboración del documento que habría de crear el "ente autárquico". Ello llevó a que la Universidad, el 21 de noviembre de 1957, contestara las objeciones señalando la seriedad de los estudios técnicos desarrollados hasta eso momento, como asimismo los fundamentos que la llevaban a gestionar un Decreto-Ley.
En estas cuestiones pasó el resto del año 1957 tratando de compatibilizar las cuestiones legales con las que demandaría la explotación del "Farallón Negro" y las aspiraciones planteadas por la Universidad.
Por este motivo, el Ministerio invita a las partes para una nueva reunión en los primeros días del mes de diciembre a la que pide se le dé un carácter reservado atento al tenor como se venía planteando la conflictividad de las partes.
En respuesta del 3 de diciembre el ingeniero Virla eleva una nota al Ministro de Industria y Comercio, Dr. Cueto Rúa, ofreciendo sus puntos de vista sobre el temario planteado. A este respecto indicó que " La Universidad de Tucumán entiende que para que la reunión convocada por el Señor Ministro tenga finalidad práctica, debe limitarse a tratar únicamente el referido proyecto de decretoley ya aprobado por dos Ministros de la Nación. Entiende, asimismo, que en dicha reunión debe quedar definitivamente terminado este ya largo proceso..".
A la reunión la protagonizaron los ministros de Educación y Justicia y del Interior, el Rector de la UNT y el Interventor Federal de Catamarca. También acompañaron a Virla los doctores Celedonio Gutiérrez, Horacio Bliss, Abel Peirano, Patricio Navarro y Eduardo Sabaté Prebisch. El debate fue intenso mientras las partes mantenían sus puntos de vista.
Ese mismo día, 3 de diciembre, Virla se dirigió al Vicepresidente Isaac Rojas pidiéndole audiencia a efectos de informarle sobre las gestiones que venía realizando con los ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
El 24 de diciembre de 1957 los representantes universitarios Gutiérrez, Bliss y Estévez se entrevistaron con miembros de la Comisión Asesora de la Junta Militar a quienes expusieron la contundencia de los trabajos realizados por la UNT sobre el sector de Agua de Dionisio como las características del proyecto de creación de la empresa YMUNT que ya contaba con la firma de dos de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
El 4 de enero de 1958 el Dr. Celedonio Gutiérrez concurrió a una reunión del Gabinete Nacional donde expuso las razones por la cual la Universidad propiciaba la creación del ente minero que habría de explotar los yacimientos del sector. La exposición fue recibida positivamente, viabilizando la concreción del Decreto-Ley nº 270/50 que fue refrendado por la totalidad del Gabinete.
El mismo fue sancionado con la firma del entonces Presidente Pedro Eugenio Aramburu, el Vicepresidente Isaac Rojas, y los ministros Acdeel Salas, Carlos Alconada Aramburú, Julio Cueto Rúa, Víctor Majó, Teodoro Hartung y Jorge Landaburu, fue emitido con el número 278/958 el 10 de enero de 1958.
Entre sus considerandos figuraba el hecho de que la Universidad había mantenido a lo largo del tiempo la labor exploratoria, reconoce la gestión de Abel Peirano y señala que la Provincia de Catamarca había prestado conformidad a la creación de la empresa que habría de llamarse "Yacimientos Minerales de la Universidad Nacional de Tucumán (YMUNT)". Asimismo la califica como una empresa"..con capacidad de personas jurídicas de derecho privado con autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, industrial, comercial y financiero...".
En su articulado expresa que la Provincia de Catamarca tendrá un Delegado en el directorio y recibirá el 50% de las utilidades líquidas; mientras que el restante 50% servirá para finalizar la Ciudad Universitaria que la UNT construía en el Cerro San Javier (Proyecto Descole). Dicho de otra manera, en el acuerdo que ratificaba el decreto-ley, la Universidad daba conformidad para que la Provincia de Catamarca, que nunca había invertido dinero en el desarrollo del proyecto minero, asumiera un papel de "socio" en el producido del mismo.
El 13 de enero de 1958 el Rector Virla se dirigió al Ministro de Hacienda Adalbert Krieger Vasena con el objeto de solicitar el apoyo financiero con miras a continuar los trabajos exploratorios.
En el requerimiento pedía que continuaran los trabajos convenidos con la Dirección Nacional de Minería y la Dirección General de Fabricaciones Militares; la construcción de un dique nivelador en el Río Hualfín, encargado a la Dirección Nacional de Agua y Energía, y la construcción de una planta de beneficio de mineral con un valor estimado en 1.500.000 dólares102.
El Rector Eugenio F. Virla (izquierda) y el Gobernador Juan Manuel Salas (derecha) dos principales protagonistas del acuerdo llamado "Acta del Farallón Negro" que ambos firmaron haciendo uso de la representación que tenían.
En este sentido señalaba que el monto referido podría aplicarse a créditos que habría de lograr el Subsecretario de Industria y Comercio, Ingeniero Raúl Ondarts en sus negociaciones con países del Este. Precisamente en el mes de enero éste había sido comisionado para visitar varios países de la Unión Soviética con miras de proveerse de equipamientos aptos para la industria minera y petrolera y a ellas se refirió el Ing. Virla.
Pero, siempre hay un pero, Adrian Perés no quedó satisfecho con la negociación llevada a cabo en Buenos Aires a pesar que la misma, de alguna manera, le había sido impuesta por sus superiores del Gobierno Nacional a los que les debía sumisión como interventor-delegado.
Con el conflicto en puertas, el 24 de enero de 1958 Virla se dirigió al Ministro Alconada Aramburú pidiéndole que se dirigiera al Interventor de Catamarca reclamándole que toda disposición que se adopte "..debe ser previamente autorizada por V.E." 103. El pedido se fundaba en declaraciones del Interventor aparecidas en los diarios La Nación y La Prensa ya que "..en esa declaración tergiversa los claros principios jurídicos que rigen esta cuestión, dando lugar a que en vísperas electorales, partidos políticos minoritarios, que aplauden su gestión administrativa, intenten confundir a la opinión pública en perjuicio de la Universidad".
Hay que tener en cuenta que ya a inicios de 1958 el Gobierno Nacional había convocado a elecciones generales para cubrir todos los cargos políticos del País. Estos llevaron a que la situación política nacional tuviera alternativas complejas ya que los militares habían prohibido la participación del peronismo en las mismas. También en la provincia las agrupaciones políticas se fueron alineando tanto con el Radicalismo intransigente (frondizismo) como con la otra facción que se denominó Radicalismo del Pueblo.
Así, tanto quienes respondían a Perés, como a ambos sectores políticos de la provincia, fueron asumiendo posiciones más combativas a partir del conocimiento de lo establecido en el decreto 270 que había sido sancionado mediante decreto-ley del Poder Ejecutivo Nacional.
Para agilizar los hechos Virla, ni lerdo ni perezoso, aprovechó los primeros días de marzo para entrevistarse al más alto nivel. Primero logró que lo recibiera el Presidente Provisional Aramburu con quien departió extensamente sobre los mecanismos que habría de implementar para hacer efectivo lo dispuesto por el Decreto 270.
Luego lo visitó al Presidente electo Frondizi quien no solo le manifestó que estaba al tanto de la cuestión y que su pensamiento concordaba con el de la Universidad. Esta situación el Rector la informó al Consejo Superior Universitario en su reunión ordinaria del 19 de marzo de 1958 agregando que, a su juicio, se debía dar instrucción al Dr. Celedonio Gutiérrez para que solicite la inscripción de la mina conforme a lo que determinaba el Decreto-ley 104.
Virla en su análisis de los antecedentes que llevaron a la creación de YMAD señala que el eje del conflicto fue motorizado por el mismo Perés quien "..en forma demagógica ha promovido un movimiento en contra de la Universidad, haciéndola aparecer como si pretendiera adueñarse ilegítimamente de las riquezas mineras de la Provincia de Catamarca. Se trata de algo realmente inconcebible. Por último, y en su afán de oponerse al derecho de la Universidad, se ha dicho que el yacimiento de Agua de Dionisio debería ser entregado a la Provincia de Catamarca o a una empresa privada que asegure con una eficaz administración una explotación racional y eficiente" 105.
A nivel nacional, el radical-desarrollista Arturo Frondizi logró un pacto con el General Juan Domingo Perón que le sumó los votos necesarios para imponerse en el acto electoral del 23 de febrero de 1958.
A Frondizi lo acompañaba en la fórmula presidencial otro radical: Alejandro Gómez, quien tuvo directa participación en la resolución del conflicto por las minas de Agua de Dionisio.
En Catamarca el candidato radical intransigente fue Juan Manuel Salas quien si bien al principio asumió el discurso pro-Catamarca en el tema minero, más adelante la realidad lo llevó a replantear sus posiciones y ser quien habría de firmar el "Acta de Farallón Negro" que en ese 1958 permitió la creación de YMAD.
En una comunicación de fecha 4 de abril de 1958 el encargado de "Agua Tapada", Sr Eduardo Aguilera, cuenta al Rector Virla que una caravana integrada por personas de Catamarca, entre los que se contaba el gobernador electo José M. Salas, había llegado a la zona de Belén y parte de ella llegó al campamento universitario. Entre otras cosas decía Aguilera que "..El Sr Gobernador electo no fue a Farallón por venir algo indispuesto; por este motivo el suscrito tuvo la oportunidad de conversar con él ampliamente sacando en síntesis la certeza de que este Gobernador electo está decidido a tratar de que las minas sean explotadas por el Gobierno de Catamarca. Asegura que el nuevo Gobierno Nacional le dará trescientos millones de pesos para la explotación de estos minerales. No es hombre violento ni nombró a la Universidad" 106.
Era obvio que el nuevo gobernador, aún no estaba compenetrado de las tratativas llevadas a cabo a nivel nacional y por ende una posición compatible con las que Perés había sostenido en su momento. Asimismo debía considerar las que sostenía en distintos ámbitos de Catamarca, cuya actividad en la capital provincial era más que evidente.
La promulgación del Decreto-Ley 270 creando YMUNT en enero de 1958 no terminaba de cerrar las aspiraciones que Perés había expresado en reiteradas notas al Gobierno Nacional. El cuestionamiento a la Universidad había sido uno de sus mejores argumentos, pero no encontraba la respuesta que requería de parte de los ministros nacionales que eran sus superiores.
A pesar de que el Decreto 270 otorgaba a la provincia una importante participación en las utilidades mineras la situación de conflicto ganó las calles de la capital catamarqueña.
Para entonces se había conformado una "Comisión de Defensa de la Autonomía y Patrimonio de Catamarca", que de alguna manera y públicamente lideraba la oposición a la Universidad en el tema de Farallón Negro. No se sabe cuánto de esa posición fue alentada por funcionarios del gobierno provincial o del mismo Interventor. De hecho entre sus integrantes había representantes de la Federación Económica y de la delegación regional de la CGT, cuya relación con Perés era más que evidente.
Ubicación de la pertenencia minera "Abel Peirano" confirmada por la Ley 14.777 para YMAD, con indicación de los sectores con mineralización reconocida.
De todos modos algo había que hacer. La UNT seguía con sus actividades en el distrito minero siendo fundamental continuar con el mantenimiento de las instalaciones, como asimismo realizar trabajos en lo referente a la explotación y a la concentración de minera.
El hecho es que Perés se vio entre la espada y la pared: por un lado había objetado aspectos que hacían a la concesión minera a la UNT y por otro había quienes lo acusaban de no haber defendido los "intereses" de Catamarca.
Mientras desde un extremo la cuestión se planteaba como una "defensa del patrimonio" adoptando posiciones "anti-tucumanas"; por otro se sugería que el conflicto estaba sujeto a intereses subalternos vinculados a compromisos con empresas extranjeras multinacionales que querían el yacimiento.
En ese marco Perés no aguantó los embates y presentó su renuncia al cargo el 16 de marzo de 1958. Para suplantarlo fue designado el Dr. Daniel I. Parodi quien hubo de asumir la continuidad de una pesada herencia.
De inmediato a la asunción la Comisión de Defensa de la Autonomía emitió un documento crítico impugnando la actuación de la Universidad de Tucumán. Ello fue el 18 de marzo y entre sus objeciones remarcaba la imposibilidad de que éste formara parte del negocio minero por cuando era un organismo dependiente de la Nación lo que colisionaba con el Código de Minería en su artículo 9º; que al no haber inscripto la donación en la Dirección Provincial de Minas ella era nula y que los derechos de cateo estaban caducos.
Asimismo cuestionaba la participación de la Nación sobre minas ubicadas en territorio provincial, que la Universidad no puede contratar con la Provincia ni solicitar pertenencias mineras y que todo lo que pudiere hacerse sería extemporáneo.
En esa misma fecha Virla produjo un comunicado refirmando los derechos de la Universidad sobre el yacimiento en disputa. En el mismo señaló que para entonces la Universidad "..no ha podido tomar posesión de los yacimientos, ni inscribir los derechos respectivos en el Registro de Minas de la Provincia de Catamarca. Este entorpecimiento se ha debido a la oposición sistemática, que, en todo momento opuso el entonces interventor de la Provincia" 107.
Para entonces, según Virla, ya se habían cubicado más de 300.000 toneladas de mineral con un valor mínimo de $ 232.000.000. O sea las perspectivas de utilidades hacían más atractiva la explotación del mineral del distrito de Agua de Dionisio.
En el ínterin, el 19 de marzo de 1958 se dictó el Decreto-Ley 535/58 mediante el cual la provincia acordó a la Universidad un permiso precario para seguir con sus tareas en el distrito minero lo que trajo aparejado nuevas actitudes de rechazo de parte de la Comisión catamarqueña que, en ese momento consideraba que los plazos legales de los derechos universitarios ya habían caducado 108.
Para allanar el diálogo, el Interventor Parodi, llamó a las partes para acercar posiciones y a lograr un entendimiento. Las reuniones ocurrieron entre el 20 y 21 de marzo de 1958,y, a pesar de los esfuerzos hechos, no se llegó a ningún arreglo.
Los planteos hechos por la Comisión fueron rebatidos por los asesores jurídicos de la Universidad, doctores Bliss y Gutiérrez pero no aceptados por la Comisión. Entre las medidas prudentes Patricio Navarro sugirió tomar un tiempo hasta que las autoridades electas se hagan cargo del gobierno e iniciar con ellas conversaciones para aclarar los puntos que pudieran merecer corrección.
Fue así que se logró un precario entendimiento con la Comisión que, entre sus propuestas, estaba el de postergar el debate de las diferencias hasta que asumieran las autoridades electas como asimismo, entre otras cosas, cuestionaba la vigencia del Decreto 535. Posiblemente albergaban la esperanza de que el nuevo gobierno comandado por Juan Manuel Salas, ayudara a concretar sus aspiraciones.
Nada de esto ocurrió y ante la situación planteada la Comisión cerró el camino del diálogo acusando al Dr. Parodi de no haber mostrado imparcialidad durante las reuniones, sino que por el contrario, emitió opinión que favorecía el planteo universitario.
Así fue que propició que el 24 de marzo de 1958 se lleve adelante una huelga general, convocando a la población a concentrarse frente a la Casa de Gobierno para exigir la renuncia del Interventor.
Ese día una multitud se hizo presente en respuesta de esta convocatoria expresando no solo sus reclamos para que se vaya dicho funcionario, sino también que abiertamente se expresaba en contra de lo que consideraban un avasallamiento de los tucumanos. Ya no era solo contra la Universidad sino que sus embates tomaban un peligroso rumbo "antitucumano". Tan fue así que en esos días de revuelta algunos exaltados en la ciudad llegaron a apedrear todo vehículo que portaba patente identificadora de Tucumán.
Ante el cariz de la situación, el Dr. Parodi no dudó un momento en renunciar, siendo entonces reemplazado por el Teniente Coronel Rodolfo E. Catalá, a la sazón Jefe de la Guarnición Militar de Catamarca. Este no solo trató de calmar los ánimos, sino que detrás de su figura estaba el Regimiento que comandaba y con el cual, ante un agravamiento de la situación, podría demostrar una mayor posición de fuerza.
El 25 de marzo el diario La Gaceta de Tucumán, en la portada tituló "El Jefe de la Guarnición Militar de Catamarca se hizo cargo del Gobierno". Agrega como comentario que el caso Farallón Negro "..exaltó a la multitud que invadió la Casa de Gobierno" 109.
Sin ninguna duda el estado de agitación era grande y a pesar de los esfuerzos que el gobierno catamarqueño hacía para disminuir sus efectos, siempre había algo que escapaba de sus manos. El encargado del campamento de Agua Tapada da cuenta a Virla que la policía de Catamarca habría de detener al químico de la Planta Piloto Señor Urioste que en esos momentos venía desde San Juan al yacimiento. Esto verdaderamente ocurrió el mismo 25 de marzo en Hualfín interrumpiendo la llegada del técnico mencionado a Agua Tapada110.
Para entonces en la Universidad se continuaban analizando las situaciones vividas, y tratando de mantener contactos no solo con el gobierno que dejaban los militares sino también con el que en mayo habría de encabezar el Dr. Arturo Frondizi.
Asimismo, y para consolidar la acción universitaria, el 28 de marzo, mediante resolución 139-258-958 el rectorado crea la Comisión Administradora de la Comisión Especial de gestión para la explotación del Yacimiento de Agua de Dionisio. Su función era la tramitación de todos los actos administrativos de la Comisión Especial que, como se ha dicho, la integraban el Dr. Celedonio Gutiérrez como Presidente, y los doctores Abel Peirano, Patricio Navarro y Eduardo Sabaté Prebisch. También estaban incluidas en ella la Federación Universitaria del Norte y la Liga de Estudiantes Humanistas de Tucumán.
Pero, como ya se vio, la situación en Catamarca se mantenía conflictiva especialmente debido al estado de agitación que mantenía la Comisión de Defensa luego de la renuncia del Interventor Perés. La UNT para seguir de cerca la evolución del conflicto mantenía observación sobre el panorama político que se venía dando en la capital de Catamarca.
En los primeros días de abril de 1958 fue comisionado el Dr. Patricio Navarro para que en Catamarca mantenga reuniones que le permitieran apreciar como eran los niveles de exposición pública de la disputa. A su regreso a Tucumán, informó al Rector sus apreciaciones sobre la situación de conflicto que se avecinaba con las autoridades catamarqueñas.
Ocurre que el Dr. Patricio Navarro observando lo que ocurría en Catamarca, en una nota advertía a Virla que en esos momentos "..un grupo de personas agita la opinión pública de la provincia con toda habilidad y mala fe, con la finalidad de confundirla y enconarla en contra de la Universidad. Esta situación de tensión popular unida a la falta de información, ha creado un grave problema de orden político, le obliga a las personas que entienden en el asunto, a moverse dentro de un estrecho margen, para evitar reacciones" 111.
En un documento de trabajo planteado por la Universidad el 15 de mayo se dan argumentos vinculados con los derechos universitarios sobre el sector, especialmente tomando en cuenta las objeciones planteadas por la "Comisión de Defensa de la Autonomía y Patrimonio de Catamarca" 112.
En dicho documento se atribuye la argumentación adversa al entonces Director Nacional de Minería, Dr. Roberto Tezón, y aceptada por el interventor Perés, por la cual pretendían dejar fuera del negocio a la Universidad en razón a una supuesta caducidad de los derechos de exploración y cateo.
Dice el documento que "Esa posición, en el hecho favorece los intereses de las compañías extranjeras, que, como la National Lead Co. (con quien tuvo tratativas directas la Dirección Nacional de Minería) han expresado públicamente en la prensa en estos días su pretensión a la explotación de la mina".
En este aspecto remarca el documento que "..Por eso llama poderosamente la atención que funcionarios públicos como el Director Nacional de Minería Dr. Tezón y el ex.-interventor Nacional Dr. Perés, hayan puesto tanta pasión en combatir y en oponerse al Derecho de la Universidad".
Más adelante el mencionado documento del 15 de mayo de 1958, señala que "El clima de intemperancia que se ha asentado en Catamarca, con motivo de la Mina de Agua de Dionisio, impide abordar la solución de este asunto con serenidad y criterio científico. La discusión ha sido llevada a la plaza pública donde el pueblo, en forma apasionada, razona en base a ciertos slogans preparados intencionalmente. Y así se le ha dicho: "El Dr. Peirano no es el descubridor de la Mina"; " La mina de Agua de Dionisio fue conocida y explotada desde el tiempo de la Colonia"; "El Farellón Negro pertenece a Catamarca"; Debemos impedir que la Universidad de Tucumán se adueñe de nuestras riquezas", etc., etc.
Este clima ha sido creado, principalmente por el ex.-interventor Federal de Catamarca Dr. Adrián Perés. Este hecho está documentado en un folleto editado oficialmente (por los Talleres Gráficos policiales de Catamarca), el que se caratuló "Informe sobre el yacimiento Farellón Negro – antecedentes- negociaciones y estado actual".
En tales condiciones, se hace poco menos que imposible que la Universidad haga valer sus derechos sin recurrir a un pleito, lo cual perjudicaría a todos por igual. Por eso hace indispensable la mediación del P.E. de la Nación, para aclarar ideas y para disipar prejuicios" 113.
En el escrito de referencia se señala la necesidad de celebrar un convenio que establezca partes del decreto 270 y la inscripción del derecho de la UNT en la Dirección de Minas de Catamarca. Asimismo señala que la Comisión Asesora del Gobierno de Catamarca ya se ha expedido propiciando la formación de un ente nacional o provincial para la explotación del yacimiento114.
94) Nota de R. Tezón al Director Nacional de Minería. Archivo General de la UNT.
95) Ibidem.
96) Nota DC 7368 de SOMISA al Rector Virla.
97) Virla, E. 1958. Comunicado del Rector. Publicación Especial de la UNT. p.14.
98) Comunicado de Prensa de la UNT.
99) Ibidem.
100) Ibidem.
101) Ibidem.
102) Nota del Ing. Eugenio Virla al Ministro Adalbert Krieger >Vasena. Archivo General de la UNT.
103) Nota de Virla 20-257-958 al Ministro del Interior Alconada Aramburú.
104) Acta del Consejo Superior de la UNT del 19 de marzo de 1958.
105) Virla. Idem p.17.
106) Nota 59-58 de Eduardo Aguilera al Rector Virla.
107) Comunicado del Rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Compilación II-4, 271- 275.
108) Alderete, M.C. y Vaca. Y. 2009. Decreto Nacional nº 270 de 1958: Creación de Yacimientos Minerales de la Universidad Nacional de Tucumán (YMUNT). Primera empresa minera universitaria. Hace tiempo en el Noroeste II 9-32. Lucio Piérola Ediciones.
109) Diario la Gaceta de Tucumán, 25 de marzo de 1958.
110) Nota 54 del Encargado de Agua Tapada Sr. Aguilera al Ing. Virla.
111) Nota de Patricio Navarro al Rector Virla del 10 de abril de 1958. Sección correspondencia YMAD. Archivo General de la UNT.
112) " El derecho de la Universidad Nacional de Tucumán para explotar la mina de Agua de Dionisio". Escrito interno inédito 12 pp. Archivo General de la UNT.
113) " El derecho de la Universidad Nacional de Tucumán para explotar la mina de Agua de Dionisio". Escrito interno inédito 12 pp. Archivo General de la UNT.
114) Ibidem.